Delito tributario versus lavado de dinero

Autor: Sandra M. Bublitz Ortiz

Otros conceptos de economía

10-05-2006

Latinoamérica

Lo más alarmante es que seis países pertenecen a América Latina de entre los 10 países más populares del mundo para el lavado de dinero a través del sistema bancario.

Argentina aparece liderando la lista de los latinoamericanos con 6,68 puntos, seguido por Colombia (6.57), Haití (6,43), Paraguay (6.43), Nicaragua (6.29) y Bolivia (6.0). Ecuador, Guatemala y Honduras, son los otros tres países de la región que aparecen en la lista de los más populares a la hora de lavar dinero.

Chile aparece una vez más, muy lejos del comportamiento promedio de la región, al ocupar el lugar 67 entre los 80 países estudiados en el informe Chong, y con un puntaje de 3,0. Mientras que Uruguay y El Salvador lo hacen en el puesto 40 con 4,29 puntos, ocupando el segundo mejor puntaje entre los latinoamericanos. Es decir, Chile, Uruguay y El Salvador, son los países de la región donde es menos popular lavar dinero.

Cuando de lavar dinero a través de canales no bancarios se trata, siete países latinoamericanos están entre los 10 más populares. La lista la lidera Colombia con 8 puntos, seguido por Haití (7,86), Argentina (7,29), Paraguay (7,29), Nicaragua (7,14), Guatemala (7,14) y Bolivia (7.0). Chile obtiene el mejor puntaje (cuanto más bajo mejor), 4 puntos, seguido por Uruguay con 5,14 puntos.

Según la creencia popular, el narcotráfico y el terrorismo son los que propician el lavado de dinero, pero Chong indica lo contrario y dice “La debilidad y poco desarrollo del sistema financiero, así como también el tamaño de la economía informal, la baja calidad de gobierno corporativo y de las instituciones del gobierno, son otras características que también propician este tipo de actividades”.

¿De qué forma se afecta la economía de un país y el bolsillo de sus integrantes con el lavado de dinero? Muy simple, los que lavan dinero tratan de invertirlo para ocultar el origen ilícito, sin importarles si lo hacen en actividades productivas o no productivas.

No les interesa si están vendiendo un producto por debajo del precio de costo o "matando" a la competencia con sus precios de "ganga" y con ello provocando la quiebra de empresarios que poseen negocios legales.

Otra forma es generar crisis financieras y bancarias, con la modalidad de ingresar grandes cantidades de dinero al sistema bancario (lo que distorsiona el precio de la moneda nacional, entre otros) o al retirarlo rápidamente (de un día para el otro).

Sumémosle a esto los esfuerzos que efectúa el gobierno para combatir este blanqueo, dinero que saldrá de su bolsillo, ya que este tipo de actividades ilícitas propician la corrupción y los actos criminales.

¿De qué forma se puede combatir?

Nos indica Chong en su informe que es necesario desarrollar y fortalecer el sistema bancario, mejorar la calidad de las instituciones tanto públicas como privadas, y reducir la economía informal, aunque nos consta que alcanzar estos objetivos lleva tiempo y dinero.

Al observar la parte legal de algunos países de Latinoamericanos (entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) observamos que ya se encuentran cumpliendo con las regulaciones de la Misión Especial de Acción Financiera (FATF, por su sigla en inglés), cuya finalidad es promover y desarrollar las políticas contra el lavado de dinero, dentro de las que se encuentran un mejoramiento sustancial en los sistemas judiciales para esta región y la eliminación de la corrupción, elementos que van de la mano al minuto de combatir el lavado de dinero.

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales)

En el sistema financiero mundial en evolución se pueden mover fondos instantáneamente de un país a otro, lo que hace aún más urgente la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero. En 1989, los países del G-7 establecieron un Grupo de Acción Financiera para formular estrategias contra el lavado de dinero. Un año después, el Grupo de Acción redactó sus "Cuarenta Recomendaciones", por las que se exige a los países miembros prestarse asistencia mutua en investigaciones de lavado de dinero, evitar promulgar leyes de secreto que entorpezcan esas investigaciones, declarar delito el lavado de dinero y dar cuenta de las transacciones sospechosas.

Aunque el Grupo de Acción reúne a los principales centros financieros de América del Norte, Europa y Asia, muchos países todavía no participan en él. En junio de 2000 el grupo publicó una lista de 15 países con "graves problemas sistémicos". En julio, los ministros de Hacienda de los países del G-7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y Canadá) establecieron un plan para persuadir a esos países a cooperar, al tiempo que los amenazaban con impedirles el acceso al sistema bancario internacional, así como a los préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a menos que combatieran más enérgicamente el lavado de dinero. Además se advirtió a las instituciones financieras privadas de los países del G-7 que las transacciones con determinados países serán objeto de intenso escrutinio.

El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.

El GAFI está actualmente integrado por 29 países (o podemos entenderlo como "territorios" o "jurisdicciones"): Alemania; Argentina; Australia; Austria; Bélgica; Brasil; Canadá; Dinamarca; España; Estados Unidos; Finlandia; Francia; Grecia; Hong Kong, China; Irlanda; Islandia; Italia; Japón; Luxemburgo; México; Noruega; Reino de los Países Bajos; Portugal; Reino Unido; Singapur; Suecia; Suiza y Turquía y dos organismos internacionales: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Entre sus miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y del Sur, y Asia. Es un organismo multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales), que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y operativas.

La necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de las cuarenta recomendaciones que el GAFI ha decidido aplicar y cuya adopción se promueve en todos los países. Las Recomendaciones se redactaron inicialmente en 1990. En 1996, las cuarenta Recomendaciones se revisaron para reflejar la experiencia de los últimos seis años y los cambios experimentados en materia de blanqueo de capitales.

Entre 1990 y 1995, el GAFI elaboró también varias Notas Interpretativas que tienen por objeto aclarar la aplicación de determinadas Recomendaciones. El 2 de julio de 1999, el GAFI adoptó una nueva Nota Interpretativa relativa a la Recomendación 15.

Las cuarenta Recomendaciones constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperación internacional.

El GAFI reconoce que los países tienen sistemas jurídicos y financieros diferentes, de modo que todos ellos no pueden adoptar las mismas medidas. Por lo que los países deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y su marco constitucional, dejando cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar de obligar a cumplir todos los detalles. Las medidas no son difíciles de llevar a cabo, siempre y cuando exista voluntad política de actuar.

Los países del GAFI se han comprometido claramente a aceptar la disciplina de estar sujetos a una vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas. La aplicación de las cuarenta Recomendaciones por parte de los países miembros se supervisa a través de un doble enfoque: un ejercicio anual de autoevaluación y un proceso más detallado de evaluación mutua según el cual cada país miembro está sujeto a un examen sobre el terreno. También efectúa exámenes horizontales de las medidas adoptadas para aplicar determinadas Recomendaciones.

Estas medidas son esenciales para el establecimiento de un marco eficaz contra el blanqueo de capitales.

Las cuarenta recomendaciones se pueden resumir en 9 reglas para la lucha contra la financiación del terrorismo:

1. Se deben ratificar y ejecutar los instrumentos de las Naciones Unidas (se refiere a la Convención Internacional de la ONU para la Supresión de la Financiación del Terrorismo de 1999).
2. Se debe tipificar como delito la financiación del terrorismo, los actos terroristas y la pertenencia a organizaciones terroristas.
3. Se deberán implementar medidas para congelar sin dilación los fondos u otros activos de los terroristas, de acuerdo con las Resoluciones de la ONU.
4. Se debe obligar a las instituciones financieras y otros negocios a informar rápidamente a las autoridades de sus sospechas sobre indicios razonables de fondos vinculados con la financiación del terrorismo.
5. Mediante la firma de convenios o mecanismos de asistencia mutua legal, se debe proporcionar el máximo grado de asistencia en conexión de las investigaciones de financiamiento del terrorismo.
6. Se debe asegurar que las empresas que remiten los fondos deban estar autorizadas o registradas y sujetas a las recomendaciones de GAFI.
7. Se deberán tomar medidas para que se incluya la información del ordenante en las transferencias y que dichos datos permanezcan durante toda la cadena de pago.
8. Se debe asegurar que todas las ONG no son utilizadas ilegalmente por terroristas.
9. Los estados deberán tomar medidas para detectar los movimientos transfronterizos de efectivo e instrumentos negociables al portador, mediante un sistema de declaración u otro sistema de “solicitud”.

SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA

En Latinoamérica uno de cada tres dólares proviene del lavado de dinero.

El Presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felabán), Juan Antonio Niño, indica que los bancos latinoamericanos han ganado experiencia en sistemas de prevención, lo cual ha permitido mejorar los programas de control. Así sostuvo en el seminario sobre riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para el sector financiero, organizado por el Banco Central.

Sin embargo, surgen problemas asociados a interpretaciones de normas internacionales. Por ejemplo, la tendencia a penalizar el lavado de activos culposo, la concepción según la cual los funcionarios bancarios tienen una “posición de garante” y el lavado por omisión impropia.

Es importante definir el papel del sector privado y las autoridades en esta materia. “Creemos firmemente que una permanente relación con los organismos de supervisión y demás autoridades es fundamental y permitirá avances importantes en el mejoramiento de los sistemas de prevención y control”, consiste en el intercambio de datos, tecnología y asistencia técnica, para encarar todos los factores de riesgo.

Este programa conectaría a bancos con amplia experiencia en la lucha contra el lavado de activos, para que apoyen a las autoridades ejecutivas de otras entidades financieras, mejorando los sistemas de prevención.

COMPARACIONES ENTRE PAÍSES

Guatemala

En Ciudad de Guatemala, el embajador estadounidense, James Derham, y el Fiscal General de Guatemala, Juan Luis Florido, han suscrito una enmienda con el objetivo de fortalecer la capacidad del gobierno para prevenir, investigar y perseguir el tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado.

El apoyo, valorado en 750.000 dólares, consiste en el equipamiento de un laboratorio de sustancias controladas, dotación de equipo y mobiliario para dos agencias de la Fiscalía contra la Narcoactividad, así como cursos de capacitación para el personal del Ministerio Público.

Desde 1995 a la fecha, Guatemala recibe un promedio anual de entre 500.000 y 800.000 dólares de parte de EEUU, para combatir el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero.

Estados Unidos

En Estados Unidos el lavado de dinero sólo ha sido ilegal a partir de 1986.

Consideremos que la expresión "lavado de dinero" no apareció en la prensa hasta el escándalo Watergate, si retrocedemos en el tiempo tenemos que lo que llevó a Al Capone a la cárcel fue la evasión de impuestos, no su pandillerismo. Richard Hauptmann, que secuestró al hijo del famoso aviador Charles Lindbergh en 1932, y cae en manos de la justicia por no haber sabido lavar el dinero del rescate, así como en 1999, hubo mucha inquietud ante la posibilidad de que hubieran ingresado en el sistema bancario estadounidense fondos obtenidos ilícitamente en Rusia, la cuestión del "dinero sucio" no ha desaparecido.

De acuerdo a estimaciones el Fondo Monetario Internacional indica que el total anual oscila entre el 2 y el 5 por ciento deL Producto Interno Bruto Mundial . Según la revista Business Week, sólo en la economía estadounidense circulan más de dos billones de dólares diariamente, lo que hace muy difícil asegurar el cumplimiento de la ley dado el gran interés que tienen los delincuentes en ocultar sus actividades no permite conocer con exactitud la cantidad de dinero lavado,

En el tráfico de drogas ilícitas, los utilidades oscilan hasta el 1.000 por ciento, lo que lo convierte en un negocio atractivo y tentador para asegurar que nunca falten delincuentes dispuestos a reemplazar a los que van a la cárcel.

La base de la legislación estadounidense sobre lavado de dinero es la Ley del Secreto Bancario de 1970 (BSA), por la que no se declara delito el lavado, en este país se exige a las instituciones financieras establezcan y mantengan un registro para los diversos tipos de transacciones que ejecutan y que permita seguir su rastro. La ley ha sido impugnada en varias ocasiones.

Las opiniones van desde criticas por los costos que impone o porque infringe la protección de la Cuarta Enmienda que va contra el registro y decomiso irrazonable y las garantías de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.

El Congreso decidió en 1984 proscribirlo al declarar las infracciones de la ley del secreto bancario "predicate acts" (actividades que constituyen la norma del crimen organizado), con arreglo a la Ley de Organizaciones Corruptas y Bajo la Influencia del Crimen Organizado (RICO).

Sólo a partir de 1986 el lavado de dinero se tipifica como delito federal y agrega tres nuevos delitos en su Código Penal:

1) Ayudar, a sabiendas, a lavar dinero procedente de actividades delictivas
2) Participar a sabiendas en una transacción de más de 10.000 dólares que implique bienes procedentes de actividades delictivas y
3) Organizar transacciones destinadas a eludir los requisitos de declaración previstos en la BSA.

Este último punto iba dirigido a los llamados "pitufos", que son personas contratadas por los interesados en lavar dinero para realizar ingresos múltiples o adquisiciones de cheques de viajero en cantidades inferiores a los 10.000 dólares.

A partir de 1988, se endurecieron considerablemente las penas y se exigió la estricta identificación y el registro de las compras en efectivo de determinados instrumentos monetarios, aunque, posteriormente, se ha revocado la mayoría de los requisitos relativos al mantenimiento de registros de compras en metálico de instrumentos monetarios.

El Departamento de Hacienda de Estados Unidos no es omitido y obliga a las instituciones financieras a presentar informes de transacciones en divisas por zonas geográficas determinadas.

Lo anterior es realizado por el secretario de Hacienda quien puede dictar una orden en que obligue a las instituciones financieras de una zona geográfica determinada a presentar informes de transacciones en divisas por valor inferior al límite de los 10.000 dólares.

La ley también encomendaba al Departamento de Hacienda la negociación de acuerdos internacionales bilaterales para el registro de transacciones importantes en moneda estadounidense y el intercambio de esta información.

En 1992, se amplió la definición de "transacciones financieras" de la Ley del Secreto Bancario, se añadió una cláusula sobre conspiración y se prohibieron "los negocios de transmisión ilícita de dinero". Esta es la Ley Annunzio-Wylie o más conocida por establecer lo que se ha denominado la "pena de muerte", en que si un banco es declarado culpable de lavado de dinero, el Banco Federal supervisor correspondiente tiene que incoar procedimientos para revocar su carta o su seguro, según lo determine el supervisor primario del banco.

Por la Ley Annunzio-Wylie también se estableció el Grupo asesor de la BSA (del que es miembro fundador la Reserva Federal) para proponer medios de mejorar la eficacia y eficiencia de los programas del Departamento de Hacienda sobre lavado de dinero.

En 1994 la Ley de Supresión del Lavado de Dinero, contiene disposiciones sobre conspiración y organización contenidas en la ley.

En 1996 la Ley de Prevención del Terrorismo incorpora los delitos de terrorismo como "predicate acts" (actividades que constituyen la norma del crimen organizado) a los delitos de lavado de dinero y la Ley de Rendición de Cuentas y Portabilidad del Seguro de Salud o "delitos contra la salud pública federal".

Las sanciones penales incluyen penas de prisión de hasta 20 años y multas por un máximo de 500.000 dólares o el doble del valor de los instrumentos monetarios en cuestión, si éste es superior a los 500.000 dólares. Además de las sanciones penales, los infractores pueden ser objeto de sanciones civiles por una cantidad equivalente al valor de los bienes, fondos o intereses monetarios relacionados con una transacción.

También entran en juego las leyes sobre decomiso con esto se impide a los infractores quedarse con el producto de sus delitos o los instrumentos empleados en su corretaje.

En el 2000 de acuerdo a la Ley de Reforma del Decomiso Civil de Bienes el gobierno de Estados Unidos para incautar los bienes tiene que probar la existencia de causa probable de que proceden de actividades ilícitas. Para ganar un decomiso civil, tiene que demostrar su caso por preponderancia de las pruebas y para ganar el decomiso penal, demostrar su caso más allá de toda duda razonable.

Los bienes decomisados se pueden compartir con todos los organismos de ejecución de la ley interesados en conseguir una sentencia condenatoria, de esta forma se ha conseguido la colaboración de algunos organismos extranjeros de ejecución de la ley.

Jurídicamente, se define el lavado de dinero como todo intento de participar en una transacción monetaria que entrañe bienes derivados de actividades delictivas. Para obtener una sentencia condenatoria, el fiscal debe demostrar que el acusado ha participado en transacciones financieras o de transporte internacional que entrañen fondos derivados de una "actividad ilícita determinada". En esta larga lista de actividades incluye soborno, falsificación, tráfico de estupefacientes, espionaje, extorsión, fraude, homicidio, secuestro, crimen organizado y determinadas prácticas bancarias.

LAVADO DE DINERO A TRAVES DE CAMPAÑAS ELECTORALES EN EEUU

La leyes electorales de Texas prohíben que las empresas hagan donaciones a candidatos pero la investigación de un jurado de Texas que encabeza el fiscal demócrata Ronnie Earle, acusa a Delay de haber ingresado contribuciones de empresas texanas en cuentas del Comité Republicano Nacional en Washington, que habría enviado de vuelta a Texas para financiar campañas de candidatos republicanos a la legislatura en ese estado que rondaría los 200.000 dólares. El político enfrenta una pena que va entre seis meses y dos años de cárcel.

¿QUE OPINA LATINOAMÉRICA SOBRE LA LEY PATRIOTICA DE ESTADOS UNIDOS Y SU APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL SABIENDO QUE EL 40% DEL DINERO SUCIO TIENE SU ORIGEN EN ESTADOS UNIDOS?

El presidente de la Asociación de Instituciones Cambiarias de Colombia, Alfonso Garzón Méndez al participar en la sexta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero, señaló que, de acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada año se blanquean en todo el mundo 600 mil millones de dólares provenientes de actividades ilícitas. De esta suma, unos 245 mil millones, casi 40 por ciento, corresponden a actividades cuyo origen se encuentra en Estados Unidos (EU). Indica que ahí se lavan 120 mil de los 320 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, es decir, 37.5 por ciento.

En cuanto a Colombia, aseguró que sólo concentra 0.58 por ciento del lavado mundial de dinero, con unos 3 mil 500 millones de dólares, equivalentes a 21.23 por ciento de las exportaciones de la nación sudamericana.

El dirigente señaló que. en el mismo tiempo en que el crimen organizado lava 56 mil 349 dólares, cada tres segundos un niño muere en alguna parte del mundo.

Charles Intriago, presidente de Alert Global Media, advirtió que la nueva norma estadunidense contiene elementos "preocupantes" que le permiten aplicar unilateralmente "medidas especiales" contra países, bancos y productos que considere sospechosos e incluso congelar cuentas.

El sistema de vigilancia incluye, entre otras dependencias, a la Red para el Combate al Delito Financiero, al Banco de la Reserva Federal y al Departamento de Justicia, al cual reportan los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia de combate a las drogas (DEA) que operan en varios países de América Latina.

El especialista Ricardo Alba explicó que las nuevas disposiciones de E.E.U.U han aumentado los costos de operación de las instituciones financieras y las ha obligado a ser más cuidadosas en su relación con bancos y a replantear algunos servicios como las cuentas concentradoras.

Además, ha ampliado la lista de acciones específicas consideradas ilegales y le permite a U.S.A tener acceso a archivos bancarios dentro y fuera de su territorio, lo que en varios países implica conflictos por las normas sobre secreto bancario.

Sin embargo, también ha generado problemas internacionales porque E.E.U.U ha tratado de incautar activos financieros unilateralmente, al amparo de la Ley Patriótica, en lugar de recurrir a acuerdos bilaterales de cooperación, y se ha convertido en un instrumento de competencia desleal que desincentiva el comercio legal.

Intriago afirma que esta ley se aprobó en un afán de "hacer algo" después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero de una forma "arrogante" y sin evaluar con cuidado las repercusiones.

Juan Llanos, ejecutivo de la empresa de remesas Quisqueyana, señaló que han circulado versiones de que los cárteles de Colombia roban o "alquilan" la identidad de numerosas personas en zonas pobres para lavar dinero del narcotráfico mediante las remesas de migrantes, es decir, reciben el dinero y después entregan la mayor parte a los narcotraficantes.

Llanos no descartó que exista este sistema, pero consideró que sería fácil de rastrear, recolectar el dinero puede resultar complicado y los montos que se pueden blanquear son bajos.

Además, cada vez más empresas de remesas trabajan con bases de datos para diferenciar el perfil de cada tipo de remitente; verifican las actividades a las que se realizan los salarios que se pagan en cada sector y han elaborado manuales para verificar la identidad de sus clientes y empleados y para revisar las transacciones.

El especialista sostuvo que hay otras áreas más expuestas al lavado de dinero, como las aduanas. Por ejemplo, con documentación falsa y sobornos a agentes y autoridades los narcotraficantes pueden introducir un contenedor que en lugar de mercancía lleve dinero.

La Administración General de Aduanas de México ha reconocido que sólo revisa uno de cada 10 contenedores en forma aleatoria.

"Si quieres lavar 500 mil dólares, ¿qué es más fácil: meterlos en la cajuela de un auto, ponerlo en un contenedor y mandarlo por barco cuando no hay control sobre el comercio exterior, o invertir en una logística de cientos de remitentes y cientos de receptores de remesas?"

NUEVO ESCÁNDALO: BROKERS

En Estados Unidos se ha desatado un nuevo escándalo financiero, que esta vez afecta al mercado de los seguros. Todo ello luego que el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, anunciara una demanda contra la corredora estadounidense Marsh & McLennan, a la cual acusa de desviar clientes a determinadas aseguradoras a cambio de comisiones.

La demanda ha tocado fuertemente al mercado asegurador estadounidense y también el europeo. De hecho, las acciones de las compañías se derrumbaron, producto que Marsh & McLennan es uno de los principales brokers del mundo, con presencia en varios países, incluso en Chile.

Por otro lado, este nuevo escándalo está remeciendo a los mercados porque se teme que nos encontremos frente a un nuevo caso Enron, que se convirtió en un efecto dominó que trajo innumerables consecuencias a nivel de consultoras y empresas auditoras, con coletazos que incluso se sintieron en nuestro país. De hecho, la Superintendencia de Valores y Seguros, a raíz de estos escándalos sacó una nueva normativa para regular la actividad de ese grupo de firmas.

Conviene tener presente los efectos económicos que estos escándalos acarrean consigo, el otro punto complicado es que una vez más deja en evidencia lo dificultoso, arriesgado y dañino que se puede convertir una acción que raya en las normas éticas del accionar de las empresas.

La investigación apunta a un tema ético. Los meses de indagación le permitieron Spitzer llegar a la afirmación que existe una práctica corrupta extendida en el sector asegurador, como es el hecho de que intermediarios de seguros como Marsh & McLennan cobran a las aseguradoras comisiones por vender sus productos a los clientes.

De hecho, en lo que más énfasis se ha puesto es en señalar que los brokers deben a sus clientes honestidad y lealtad, dos conceptos que no son más que componentes de una actuación en conciencia, teniendo como gran principio la ética en los negocios. Porque si bien, el fin de una empresa es el lucro, obtener ganancias, no se debe ir tras este fin utilizando todos los medios que estén al alcance, incluso aquellos que impliquen una actuación deshonesta.

México

Los Bancos deben conocer mejor a clientes para evitar lavado dinero.

La Asociación Mexicana de Banca (ABM) indica que el inconveniente de la banca en la lucha contra el lavado de dinero ha sido que "el cliente es un desconocido y el banco un anónimo" y que los bancos deben cuidar con celo el origen del dinero de sus clientes, "porque si se pierde la confianza en la institución, se acaba el negocio". y que es "necesario profundizar en el conocimiento y el trato continúo con el cliente", porque la confianza de los bancos "no debe de ser ni ciega ni ingenua".

Esta afirmación la efectuó el vicepresidente de la ABM, Juan Guichard en la inauguración del VII Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo, que se desarrolló en Octubre de 2005 en la capital mexicana, donde participaron entidades financieras estadounidenses y mexicanas, organismos multilaterales como el Banco Mundial, reguladores, desarrolladores de software y funcionarios españoles.

En México las operaciones que son inusuales y podrían ser de lavado de activos se investigan y se remiten a la Procuraduría General de la República (fiscalía), que tiene la responsabilidad de perseguir de oficio estos delitos, generalmente la banca analiza las operaciones de más de 10.000 dólares, y sólo se llega a investigar alrededor del 5 por ciento en aquellas operaciones que no concuerdan con el perfil normal de cliente.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades financieras mexicanas y que deben estar lista antes de que concluya el año 2005, con costos y normas se destacan una serie de mecanismos para blindar al sistema financiero del delito de lavado de dinero, por ejemplo la integración de una fotografía digital en todos y cada uno de los contratos que respaldan los servicios que ofrece la banca, tales como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, débito y financiamiento.

También se elaborará una “base de datos” para que los bancos intercambien información de sus clientes cuando efectúen un nuevo contrato, lo que permitirá corroborar información personal y las actividades de los usuarios para definir si se detectan anomalías o transacciones sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.

Conforme a lo que dicta el Artículo 110 constitucional, se integra una lista de mil 500 funcionarios para dar seguimiento a sus transacciones bancarias y bursátiles. De esa forma secretarios de Estado, Senadores, Diputados, Gobernadores, funcionarios municipales y sus familiares serán objeto de un monitoreo sobre sus cuentas bancarias y operaciones financieras.

España

Se ha dado a conocer que entre España y América Latina existe una colaboración cada vez más estrecha en el tema de lavado de dinero el que se está materializando en los procesos de extradición recíprocos que se tramitan cada vez con menos obstáculos.

El secretario de la Comisión de prevención de blanqueo de capitales del Ministerio de Economía de España, Juan Antonio Aliaga, es de la opinión que aunque en lavado de dinero se avanzó mucho en los últimos 15 años, apenas se empieza en cuanto a financiación de grupos terroristas.

"Desde hace tres o cuatro años hemos reconocido que (este último asunto) es un problema universal y sólo ahora estamos haciendo estudios de los tipos de financiación", muchos grupos terroristas utilizan fundaciones y organizaciones no gubernamentales para canalizar sus fondos.

Gran Bretaña

El problema de los estudiantes con dinero, un caso curioso.

Shailesh llegó a Gran Bretaña para estudiar a principios del mes pasado. Lo hizo con una valija llena de dinero, no porque fuera rico sino porque no estaba seguro de poder abrir alguna vez una cuenta en un banco. Así que se acostumbró al estilo pre-bancario de guardar el dinero bajo el colchón.

"El banco quería una factura", dice. "Como estudiante recién llegado, ¿cómo puedo tener un recibo de teléfono o de gas? ¿Cómo puedo probar mi domicilio cuando no tengo domicilio?"

Shailesh compartía con otros ocho estudiantes una pequeña casa de tres dormitorios al norte de Londres. "Había mucha tensión porque todos teníamos efectivo, y todos lo sabíamos", cuenta.

Las tribulaciones de estos estudiantes ricos pueden terminar. La Asociación de Banqueros Británicos instruyó a los bancos para que habiliten abrir cuentas a estudiantes con el requisito de que presenten un documento de identidad.

Los banqueros británicos se están ayudando a sí mismos. La llegada de cientos de miles de extranjeros con grandes sumas de dinero en efectivo ha comenzado a despertar temores de que algunos laven dinero bajo la apariencia de transferencias de efectivo simplemente porque los bancos no abrirán cuentas para ellos.

"Esto es parte de un requisito general de la Autoridad de Servicios Financieros de que los bancos conozcan a sus clientes", dijo a IPS Brian Capon, de la Asociación de Banqueros Británicos. "Que los clientes puedan demostrar que son quienes dicen ser es parte del proceso general contra el lavado de dinero", explicó.

Los bancos tienen la obligación de controlar todas las cuentas e informar sobre transacciones inusuales, retenerlas y averiguar de qué se tratan. Algunas transacciones en efectivo de estudiantes que finalmente pudieron abrir cuentas resultaron ser bastante importantes.

El costo anual de una matrícula universitaria para un estudiante ajeno a la Unión Europea es de aproximadamente 8.000 libras (14.500 dólares). El año pasado, 325.000 estudiantes extranjeros ingresaron a Gran Bretaña. Eso redundó en una entrada cercana a los 10.000 millones de dólares.

Incluso una fracción relativamente pequeña de esa suma que cambia de manos bajo la apariencia de "requerimientos estudiantiles", puede financiar una importante operación terrorista o de tráfico de drogas.

La Asociación de Banqueros Británicos no sugiere tal cosa. Pero las nuevas reglas buscan cerrar ese vacío legal mientras atienden una necesidad de los estudiantes extranjeros.

Las disposiciones entraron en vigor apenas antes del inicio del nuevo año académico en septiembre y son parte de un paquete más grande de propuestas difundidas en una consulta pública del sector financiero. "Es probable que ese proceso de consulta termine a fines de este año".

Las regulaciones bancarias se suman a otros pasos para endurecer las reglas de admisión de estudiantes extranjeros. Funcionarios de inmigración escrutan estrechamente a todas las instituciones que ofrecen cursos en el exterior, después de varios casos en los que se comprobó que la admisión a un curso era una excusa para la inmigración.

Muchos llegados presuntamente a estudiar han desaparecido del radar de las oficinas de inmigración. Aparte de sumarse a la población de inmigrantes indocumentados, su desaparición plantea la interrogante de si podrían haber ingresado al país como estudiantes, pero con propósitos terroristas u otros fines delictivos.

Para Gran Bretaña, estos estudiantes son una invalorable fuente de ingresos. Como parte de la estrategia de "vender" el país como una marca en el exterior, las autoridades reclasificaron a 400 institutos politécnicos como universidades, muchos de los cuales ofrecen diplomas británicos de cualquier tipo. El problema de las autoridades es que no son muchos los que vuelven a retirarlos.

Los estudiantes sin documentos pueden convertirse en una fuente de lavado de dinero en los próximos años, por el gran ingreso de efectivo en la economía. "Cualquier generación de dinero no declarado, y por lo tanto no contabilizado, es sospechosa", afirma un ejecutivo bancario.

La nueva regulación, que implica dar a los estudiantes una identificación inmediata para abrir una cuenta bancaria, significa que las autoridades no perderán de vista su ubicación y sus movimientos de dinero Los funcionarios utilizarán esta facultad para controlar la inmigración de indocumentados y el lavado de dinero.

Islas Vírgenes

Una sociedad de Islas Vírgenes, una off shore uruguaya, que funcionó a pérdida durante cuatro años, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y la hipótesis de lavado de dinero son parte de un informe reservado de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) sobre la trama de sociedades vinculadas a Omar Chabán. El empresario de República Cromañón parece un fantasma: su nombre no está en ninguno de los registros de la IGJ. Sin embargo, la Justicia insiste: intenta desentrañar la “telaraña de sociedades” para dar con otros responsables civiles y penales de la masacre. El Ministerio de Justicia dio la orden para que la IGJ ponga en marcha, a su vez, todos los mecanismos de búsqueda de información necesarios. “Es una decisión política”.

La historia de las empresas que están detrás de Omar Chabán comenzó a rastrearse después del incendio de República Cromañón. Entre los primeros elementos, la Justicia encontró tres sociedades vinculadas al negocio operado por Omar Chabán.

Según el archivo del Registro de la Propiedad, la historia del local se remonta al año 1994. El 18 de octubre, Juan Mario Lerner lo compró por 2.200.000 dólares, como apoderado de National Uranums Corp, una sociedad asentada en Islas Vírgenes. En esa ocasión, el Notario Guillermo Benedit certificó la transferencia, según los datos del Registro. Cuatro años más tarde, el 4 de febrero de 1998, el edificio se vendió pero sólo por 700 mil dólares. La propiedad fue adquirida por Ana Celia Rothfeld y pagó 620 mil dólares por el inmueble de Bartolomé Mitre 3038/78 y 88 mil por una propiedad aledaña en Jean Jaures 51.

Ana Rothfeld no actuaba en nombre propio sino como representante de otra off shore que ahora investiga la Justicia: Nueva Zarelux SA, constituida el 4 de junio de 1997, con domicilio legal en la calle Juan Carlos Gómez 1348 4º piso, de Montevideo, conforme a las escrituras 346 y 348 del Notario Sergio Dubove, titular del Registro 393. Este Notario fue destituido por el Colegio Público de Escribanos y su nombre aparece en el informe sobre lavado de dinero elaborado por la comisión que presidió Elisa Carrió. También está mencionado en el “testamento” que escribió Mauricio Perel, el empresario muerto en dudosas circunstancias en Pinamar, en 2001.

Néstor Deppeler, Abogado que tuvo acceso al informe reservado de la IGJ, dentro de su desarrollo profesional ha sido Profesor Adjunto de Derecho Comercial I de la UBA, es profesor de Postgrado en la Universidad Notarial y segundo en la cátedra de Derecho Civil y Comercial de UB, cuyo titular, Ricardo Nissen, preside la Inspección General de Justicia. Cuando encontró los detalles de la operación de compra y venta del inmueble de Cromañón, advirtió la posibilidad de una presunta operación de lavado de dinero. “Las off shore son habitualmente usadas para eso, porque los países de origen les dan protección a los accionistas, no sólo obtienen ventajas legales sino diplomáticas”.

Poco antes de la trasferencia del local, el 24 de octubre de 1997, Nueva Zarelux resolvió inscribirse en la Argentina bajo los términos del artículo 118 de la ley 19.550, con facultades para conformar o participar en una UTE y con domicilio legal en Bartolomé Mitre 3050. Su objeto social –para cumplirlo en el exterior– “es la actividad financiera y de inversión”, además de la actividad inmobiliaria y agropecuaria. Su capital social era de 1.000.000 dólares. Ana Rothfeld y Sandra Gabriela Rothfeld figuran como apoderadas y representantes de los uruguayos en el país.

Con la misma sede social de Nueva Zarelux SA, figuran las otras dos sociedades nacionales investigadas por la Justicia: Central Park Hotel SRL cuyos propietarios serían un jubilado y una ama de casa, y Lagarto SA, ambas anexadas formalmente a Nueva Zareluxa través de un acta notarial archivada en la IGJ, según Deppeler “Aún no se sabe si funcionaban como UTE o sólo como propietarios y arrendadores. Lo que se sabe es que la confusión es muy clara”.

Las “confusiones” alcanzan incluso a Lagarto SA. De los datos contables en poder de la IGJ se desprende que desde 1998 hasta 2002 Lagarto funcionó a pérdida, excepto en 1999. Perdió 99.570 pesos en 1998; 29.166 en 2000, 52.038 en 2001 y 24.540 en 2002. A pesar de eso, la sociedad, con un capital inicial de 12.000 pesos pagó alquileres 18.000 pesos en 1998; 27 mil en 1999, 2000 y 2001. Y 38.188 pesos en 2003. Un contador firmó la presentación de todos los balances hasta el año 2001, pero “desde esa fecha se negó a firmarlos”, indica el informe.

“Debería haber estado disuelta después del primer ejercicio por la ley 194, de sociedades comerciales” Según el abogado, Lagarto debería haber dejado de funcionar “aunque tuvo aportes irrevocables para integrar el capital y capitalizarla”. Lo sugestivo es que en los archivos de la IGJ “no surgen los nombres de quienes fueron los aportantes”.

“Las interrogantes que plantea la constitución y el funcionamiento de la sociedad Lagarto SA son demasiadas, a punto tal que hacen presumir la posibilidad de que dicha sociedad sea una simple fachada que encubre la actividad del verdadero sujeto controlante”, finalmente la hipótesis que se plantea sobre la relación comercial de Omar Chabán con este entramado es que habría hecho “una triangulación entre la sociedad que alquilaba la propiedad de Bartolomé Mitre (Lagarto SA), el dueño y el empresario detenido”. Si es así, Lagarto le habría dado la habilitación a Chabán a cambio del alquiler “debido a una deuda con el propietario”.

Bolivia

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con el apoyo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), investigan en el país un total de 36 casos de lavado de dinero, procedente del narcotráfico.

El Director General de la Felcn, Cnl. Luis Caballero, estima que el lavado de dinero genera un movimiento económico de 8.000.000 de dólares, entre dinero, joyas y bienes provenientes del narcotráfico investigadas por la UIF. "El lavado de dinero y la legitimación de ganancia ilícita se ha dado en los dos últimos dos años con bastante frecuencia, sobre todo, en 2004 donde la UIF lleva adelante una investigación de 36 casos".

La cantidad de investigaciones se realizaron en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En La Paz existen cuatro casos, Santa Cruz 14, Cochabamba y otros en el resto del país, indica también que para 2005 habrá importantes resultado con relación a las tareas de investigación que se realizan en la ciudad de Santa Cruz, cuyos caso están en manos del Ministerio Público.

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Sandra M. Bublitz Ortiz - sbublitzarrobaulagos.cl
Contador Auditor, Universidad de Concepción
Académico de la línea de Contabilidad en la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Lagos, desde 1995 a la fecha
Académico de Contabilidad y Costos para la carrera Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Los Lagos
Además ha ejercido la docencia en el Instituto Tecnológico de la Universidad de Los Lagos en Puerto Montt, donde se desempeñó como Jefe de la Carrera de Técnico en Administración
Académico de Contabilidad, Costos y Finanzas en los Programas de Contador General Universitario e Ingeniería (e) en Informática de la Universidad de Los Lagos
Alumna del Magíster Latinoamericano en Administración de Empresas y Negocios (MBA) de la Universidad de Los Lagos
Consultor Organizacional.